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(El Informador) El Gobierno de México ha recibido una nueva notificación de alerta  Washington. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la revocación de la visa de viaje del senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el marco de una investigación profunda por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

De acuerdo con información revelada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, las pesquisas forman parte de un expediente del que las autoridades mexicanas ya tenían conocimiento previo y que amenaza con alcanzar a figuras del círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrega de fichas en Palacio Nacional y el "huachicol fiscal"

La pista sobre el senador de Morena cobró relevancia en la agenda binacional durante los últimos meses de la administración actual. Según el texto periodístico, el Gobierno federal tuvo certeza del alcance de las investigaciones en septiembre de 2026, tras una reunión de alto nivel en la Ciudad de México.

"Tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país", detalla la columna.

Riva Palacio señala que la recepción de estos reportes motivó a la Presidenta Sheinbaum a insistirle a López Hernández que aceptara una embajada fuera de México, propuesta que el político tabasqueño rechazó. La falta de indagatorias en territorio nacional respondería, según las fuentes citadas, a que "esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente, sobre el cual existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal".

Redes en la frontera sur y nexos criminales

El escrutinio de las agencias de inteligencia estadounidenses también cuestiona las decisiones operativas tomadas durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco. Específicamente, se ha puesto bajo la lupa el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena en la seguridad del estado, señalado por presuntamente fundar la organización criminal "La Barredora", brazo armado del Cártel Nueva Generación.

Las investigaciones señalan que dicha estructura delictiva se expandió hasta la frontera con Guatemala con el presunto respaldo del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, sobre quien Washington ya abrió una investigación paralela.

Cuentas congeladas y más gobernadores de Morena implicados

El alcance de las medidas de presión por parte de los Estados Unidos no se limita al legislador tabasqueño. Las autoridades norteamericanas ratificaron al Gobierno mexicano que las visas de los mandatarios estatales en activo Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Marina del Pilar Ávila (Baja California) también han sido revocadas.

"La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando", afirma Riva Palacio.

El reporte periodístico advierte que las represalias financieras ya se encuentran en marcha. De acuerdo con los informes compartidos con la administración mexicana, la estrategia legal del país vecino ya ha provocado que "algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas".

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EL INFORMADOR